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Ni justicia ni atención en salud a indígenas víctimas de violación

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Ni justicia ni atención en salud a indígenas víctimas de violación

 

Cimacnoticias | México, DF.- La violencia institucional representa una traba más para que las indígenas sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a la justicia y al cuidado de su salud sexual y reproductiva luego de la agresión.  

 
Lo anterior lo señaló Libni Dircio, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Guerrero, quien indicó que estas mujeres “son doblemente víctimas, primero por el agresor y luego por las instituciones (de salud y justicia)”.
 
La activista denunció que persiste la discriminación en contra de las originarias de comunidades indígenas. Puso como ejemplo que en la mayoría de las comisarías de Guerrero no hay traductores que atiendan a estas mujeres.
 


Además de la falta de traductores, el personal no está capacitado, ni sensibilizado, por lo que “cuestionan la palabra de las mujeres” cuando acuden a denunciar que sufrieron violencia sexual, dijo a Cimacnoticias la ex titular de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas.
 
El maltrato por parte de las autoridades merma la posibilidad de que las mujeres continúen el proceso judicial contra su agresor.  Por ello, dijo, “es importante que cuando se animen a denunciar tengan una respuesta favorable”.
 
Otro aspecto que desalienta la denuncia es la corrupción de las autoridades, para quienes “es común” aceptar un “pago” a cambio de la libertad del agresor.
 
La violencia institucional consiste en los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Sofía Román, coordinadora de Ddeser en el DF y Tlaxcala, indicó a Cimacnoticias que las mujeres indígenas sobrevivientes de una agresión sexual también padecen violencia institucional en los servicios de salud, donde son discriminadas por pertenecer a algún grupo étnico y no hablar español.
 
Este tipo de violencia también se refleja en las barreras que afrontan las mujeres de estas comunidades para acceder a la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) o a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando sufren violación sexual.
 
Ante este panorama, desde hace cinco años Ddeser apoya económicamente a decenas de mujeres provenientes de estados como Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, para que accedan a un aborto en condiciones seguras en el DF.
 
Román indicó que la mayoría de estas mujeres son rurales e indígenas, y muchas de ellas fueron víctimas de violación: “La mitad de las originarias de Guerrero sufrieron este delito y no tuvieron acceso al aborto en el estado”.
 
Lo anterior a pesar de que la interrupción del embarazo es legal cuando las mujeres son víctimas de violación en todo el país, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres”.
 
La activista concluyó que pese a los avances en leyes y normas para tipificar y sancionar la violencia, todavía falta mucho para que las mujeres la identifiquen y conozcan los mecanismos para obtener justicia y reparar el daño.
 
Para abatir esta problemática es preciso que las autoridades difundan los tipos de violencia, “que sepan que es un delito y que se sanciona penalmente”. Al mismo tiempo, dijo, es necesario capacitar y sensibilizar a los servidores públicos para que garanticen un “trato digno” a las mujeres.
 

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