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Defensoras en la mira por combatir feminicidio

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México, DF.- La violencia contra las mujeres en Chihuahua, documentada desde 1993, se ha recrudecido de modo tal que ahora las activistas contra los asesinatos y desapariciones pagan las consecuencias.

En 20 años, lejos de disminuir, la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua se ha exacerbado y ahora las defensoras de Derechos Humanos (DH) que denuncian el feminicidio y exigen justicia para las víctimas y sus familias, pagan incluso con sus propias vidas.  

 
La fundadora en 2001 de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz –quien desde hace dos años está exiliada en Estados Unidos ante las amenazas en su contra–, dice que desde 2010 se pasó del hostigamiento a las lesiones y asesinatos de activistas en la entidad.
 
Ortiz recuerda que si bien las defensoras siempre fueron víctimas de acoso, ahora son blanco de homicidios. Entre 2010 y 2011 fueron asesinadas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes.
 
La lucha ahora es más difícil. La defensora considera que pese a logros como la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México en 2009, por el asesinato de tres mujeres en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, aún persisten la inacción del Estado ante el feminicidio y la falta de justicia.
 
También el cambio en las condiciones sociales y económicas en Chihuahua ha repercutido en el auge de la violencia de género.  
 
De acuerdo con el “Diagnóstico geo-socio-económico de Ciudad Juárez”, elaborado en 2005 por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), en el año 2000 Ciudad Juárez y Tijuana concentraban el 30 por ciento de la industria maquiladora nacional, lo cual en su momento reforzó la hipótesis de que el feminicidio estaba ligado con el ingreso de las mujeres a esa industria.
 
La investigadora del Colef, Julia Monárrez Fragoso, advierte que en particular la violencia en Ciudad Juárez se ha recrudecido y que esa hostilidad se ha extendido a las defensoras de DH.
 
La también doctora en Ciencias Sociales señala que en 2003, cuando Guadalupe Morfín asumió como comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez, los crímenes parecieron disminuir, pero –aclara– a raíz de la militarización del estado en 2008 –como parte de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón– se dispararon los homicidios y las desapariciones.
 
En 2008 se puso en marcha el “Operativo Conjunto Chihuahua” que contempló en un primer momento el despliegue de más de dos mil soldados y más de 400 policías federales en la entidad.
 
El “Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres”, realizado en 2012 por especialistas de la UNAM y patrocinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, señala que el riesgo de las mujeres de Chihuahua, entre otros estados del norte del país, de morir asesinadas se incrementó en más del 400 por ciento.
 
Monárrez Fragoso observa que en 20 años ha cambiado incluso la forma en que se encuentran los cuerpos de las mujeres asesinadas, ya que antes se hallaban el cadáver o los restos en descomposición que “exhibían” la crueldad con la que se cometía el asesinato, y en fechas recientes sólo se localizan la osamenta o algunos restos, lo que impide la identificación de las víctimas, explica.
 
MÁS VIOLENCIA, MÁS AMENAZAS
 
Así, en los años recientes el hostigamiento contra las defensoras de DH en Chihuahua se agudizó. En los últimos tres años del sexenio calderonista fueron amenazadas, atacadas y hostigadas Luz Estela Castro, Alma Gómez, María Luisa García, Norma Andrade, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González.
 
Al menos seis de ellas tuvieron que abandonar Ciudad Juárez para proteger su vida.
 
En marzo pasado, 41 familias agrupadas en el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez denunciaron que debido a las constantes amenazas y ataques en su contra, una de sus integrantes y su representante legal abandonaron el estado.
 
Una integrante del Comité que pidió se reservara su identidad por temor a represalias, comenta a Cimacnoticias que han comenzado a desaparecer de la entidad mujeres más jóvenes, lo que podría indicar que las desapariciones están relacionadas con el tráfico de personas con fines de explotación sexual.
 
La activista acusa que las autoridades estatales no han iniciado ninguna investigación sobre el hostigamiento en contra de su organización. No obstante, recalca que “la lucha de las madres no se detendrá porque la demanda sigue siendo la misma de hace 20 años: justicia”.

 

 

 

 

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