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Piden se elimine requisito de visa para migrantes en México

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Activista Elvira Arellano se reúne con senadoras y funcionarios.

migrantesCimacnoticias | México, DF.- La activista Elvira Arellano y un grupo de organizaciones defensoras de las personas migrantes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que garantice el derecho de tránsito por México a las y los centroamericanos, y elimine la visa como un documento necesario para que pasen por nuestro país en su camino hacia Estados Unidos.

 
A propósito del 18 de diciembre instituido por la ONU desde el año 2000 como Día Internacional del Migrante, cerca de 21 agrupaciones civiles demandaron al gobierno federal desvincular el fenómeno migratorio con la estrategia de seguridad nacional, así como políticas que garanticen las garantías de estas personas.
 


Una de las principales exigencias es que la visa no sea un documento necesario para las personas centroamericanas, dijo Elvira Arellano, activista e integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, que en 2007 en pleno centro de Los Ángeles, EU, fue detenida y deportada a México.
 
Elvira vivió durante 10 años en el país vecino. Allá tuvo un hijo que por nacer en aquel país es ciudadano estadounidense. Antes de ser deportada se refugió en una iglesia para que no la detuvieran, pero fue capturada y desde entonces se ha involucrado en este movimiento que brinda ayuda humanitaria a las y los migrantes.
 
Su lucha incluso alcanzó a su hijo, quien a sus siete años de edad y por su condición ciudadana tuvo que quedarse en EU, desde donde acompañó la labor de su madre al llevar una carta a la Casa Blanca para pedirle al entonces presidente George W. Bush que no los separara y dejara a su madre quedarse en ese país.
 
Como defensora de los derechos de las y los migrantes, Elvira encabezó marchas en EU, se ha subido al tren de carga que va del Estado de México a Guanajuato, participa en las caravanas humanitarias para dar alimentos a las personas en tránsito, y con esa experiencia afirmó que falta mucho por hacer. 
 
De acuerdo con Elvira, el gobierno de Peña Nieto pretende implementar medidas de persecución contra las y los migrantes si avala la creación de una Policía Fronteriza y el despliegue militar en las fronteras norte y sur del país, como una forma de procurar justicia, algo que –sostuvo– no se puede permitir.
 
Explicó que ante estos riesgos las organizaciones siguen luchando para hacer entender que ningún ser humano es ilegal, por ello esta tarde se reunieron con la Comisión de Migración en el Senado que encabeza Ana Gabriela Guevara, a fin de pedirle que promueva una política de igualdad de derechos que elimine la visa o bien estipule una “visa transmigrante”.
 
De acuerdo con las organizaciones, cada año cerca de un millón de personas migrantes con origen, tránsito o destino en México atraviesan el país en busca de una vida digna, y lo hacen sin derechos, protección o reconocimiento legal.
 
En este contexto y con el objetivo de visibilizar a las personas migrantes, las organizaciones se reunieron en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, desde donde partieron en caminata hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), donde está la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, entidad que coordina la protección a las y los migrantes.
 
Por su parte Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), afirmó que hoy más que nunca es necesario que la sociedad y el nuevo gobierno federal consideren que la migración afecta a familias y comunidades enteras y no sólo a las personas que van en busca de una vida mejor.
 
Señaló que los nuevos actores políticos deben abordar el tema desde una perspectiva de desarrollo, de derechos políticos y de Derechos Humanos (DH), y sobre todo deben poner especial atención en las necesidades de las mujeres que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, toda vez que prevalece la feminización de la migración.
 
Información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística indica que en 2006, por cada 10 personas migrantes, 3 eran mujeres; para 2007 y 2008 esta relación fue de dos por cada 10.
 
Kuhner mencionó que tras la publicación de la Ley de Migración y su reglamento, ahora una de las demandas es que la Segob regule las estaciones migratorias, la atención a víctimas y la estancia temporal de las y los centroamericanos en México.
 
A estas exigencias se sumó Atala Chávez, integrante de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, una organización que se dedica a apoyar a las familias de personas migrantes para tramitar visas, promover proyectos productivos, y crear lazos de comunicación.      
 
A decir de esta activista, a través de su trabajo han visto que uno de los principales problemas de la migración es la separación de las familias porque los varones se van a EU y las mujeres se quedan en casa a cuidar a las y los hijos y hasta a los suegros.
 
Señaló que durante los últimos años también se ha visto que las mujeres tienen que buscar un trabajo informal para la manutención de los hogares, toda vez que las remesas no son suficientes para esos gastos, o bien hay otras que deciden migrar como sus compañeros.
 
Esta organización, que trabaja con familias de Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y Estado de México, ha detectado que cuando las mujeres migran las consecuencias son para los hijos, quienes se quedan al cuidado de los abuelos.
 
Para Atala el que las mujeres tengan que salir de su lugar de residencia implica que las niñas y los niños abandonen la escuela o el trabajo y se queden desprotegidos, por ello advirtió que es urgente que se generen condiciones económicas para las familias que se quedan.
 
La declaración pública fue firmada por organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, Sin Fronteras, Sipam y Serapaz, entre otras.
 
Denunciaron que cuando llegan a su destino las y los migrantes enfrentan trabajos mal remunerados, con pésimas condiciones laborales, y sin acceso a derechos por su condición migratoria irregular.
 
Las organizaciones y familias que llegaron hasta la Segob también exigieron que no se criminalice la asistencia humanitaria que ofrecen los albergues de migrantes en distintas regiones del país, y que se garantice la labor de las personas defensoras de esa población.

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