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“Ley Mordaza” será analizada para garantizar libertad de expresión

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CabezadeVtwitterH. Matamoros, Tam.- El Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, informó a través de su twitter que la las reformas al Código Penal del Estado aprobadas el pasado 29 de marzo no se publicarán hasta no hacer los ajustes necesarios, por lo que anunció que este lunes 3 de marzo se estará analizando el documento.

Lo anterior a raíz de la polémica surgida por tres de estos artículos, el 171 fracción IX, 189 y 207 quáter, los cuales de acuerdo al análisis de Article 19, organismo encargado de la defensa y promoción dela libertad de expresión y el acceso a la información resultan anticonstitucionales y violan la libertad de expresión.

 

La aprobación de este decreto despertó de inmediato la alerta de periodistas, académicos y organismos responsables de los derechos humanos, ya que en estas leyes se censuraba el contenido de las redes sociales digitales, por lo que cualquier ciudadano que por desconocimiento compartiera o publicara contenido que “dañara” a un político, funcionario o institución de gobierno podría ir a la cárcel.

En su boletín Article 19 cita lo siguiente “…Tres son los delitos recién aprobados que son susceptibles de ser utilizados contra el ejercicio legítimo de la libertad de expresión: 1) ultrajes, 2) “halconeo” y 3) modificación de información con fines de dañar o desprestigiar alguna persona o institución privada o pública (anti-memes). Los dos primeros, cabe recordar, ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).”

“….Al igual que el delito de “halconeo”, el delito de ultrajes –aún vigente en 26 entidades del país- ya ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que es un delito sumamente ambiguo y carente de precisión en las conductas que pretende sancionar. Adicionalmente, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicho delito inobserva el llamado sistema dual de protección de la libertad de expresión, el cual reconoce que la funcionarios públicos tienen un umbral menor de su honor y reputación, precisamente porque la naturaleza de su encargo les obliga a soportar las críticas y porque están sometidos a un riguroso escrutinio público. En este sentido, tienen el deber de tolerar incluso aquellas expresiones que les puedan resultar chocantes, mordaces, irritantes y cáusticas.

Un aspecto particularmente preocupante, es que la modificación al artículo 189 del Código Penal de Tamaulipas incluye la llamada “ofensa a las instituciones”. La CIDH, ha señalado desde 1995 que las llamadas “leyes de desacato” (ofensa a funcionarios e instituciones) son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos al brindar mayor protección a los funcionarios que a los ciudadanos y restar la posibilidad de un debate democrático robusto en el cual los poderes públicos se encuentren bajo control y escrutinio de la ciudadanía.Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que los Estados no deben prohibir la crítica las instituciones, como el ejército y la administración.

Por último, el artículo 207 Quáter, prevé de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien “sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada, se le impondrá una sanción”. Peor aún, se aumentará una tercera parte de dicha pena cuando sea cometido en contra del Gobernador o cualquier servidor público del Poder Judicial, la Procuraduría local, personas con cargo de elección popular y los gobiernos municipales.

Este tipo de delitos, además de la confusa redacción, pretenden castigar la crítica mediante los llamados “memes”, mismos que encuadran en el supuesto de “modificación” de la información contenida en sistema de cómputo o en redes sociales, como fotografías o imágenes.

En principio, este delito busca inhibir la utilización de redes sociales para abonar al debate público que por otros medios es mínimo o prácticamente nulo. En particular, como lo ha sostenido de manera reiterada la CIDH, resulta desproporcionada la aplicación del derecho penal cuando se trata de discursos especialmente protegidos emitidos en internet, esto es, informaciones o expresiones sobre asuntos de interés público, funcionarios públicos o personas voluntariamente comprometidas en asuntos de interés público.

Por ello, ARTICLE 19 exige que el Gobernador del Estado de Tamaulipas ejerza sus facultades de observar estas modificaciones (veto) con la finalidad de que el Congreso del Estado, reconsidere y remueva las disposiciones que agravian directamente la libertad de expresión.

Lee el comunicado de Article 19 completo en esta dirección. https://articulo19.org/reforma-al-codigo-penal-de-tamaulipas-si-afecta-libertad-de-expresion/

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